Una de las novedades que incorpora la Ley 39/2015 es la identificación de los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones públicas. Así, el art. 14.2 señala que, en todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
e) Los empleados de
las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con
ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se
determine reglamentariamente por cada Administración.
Asimismo, el art. 14.3 establece que, reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.
En la regulación de
las solicitudes de iniciación del procedimiento administrativo, el art. 68.4
establece que si alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo
14.2 y 14.3 presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas
requerirán al interesado para que la subsane a través de su presentación
electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación de
la solicitud aquella en la que haya sido realizada la subsanación.
La sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 2021 se ha pronunciado en relación con la obligación de las personas jurídicas de relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, en los supuestos de interposición de recursos administrativos, en los casos en que el interesado proceda a subsanar el incumplimiento de dicha obligación, tras el requerimiento efectuado por la Administración, sobre si debe entenderse como fecha de presentación aquella en que se presentó el recurso personalmente ante el órgano administrativo o la fecha en que se produjo la subsanación.
El supuesto analizado se refiere a la inadmisión de un recurso de alzada presentado presencialmente por una entidad obligada a la relación electrónica que hizo la subsanación mediante la presentación del recurso por vía telemática al día siguiente de haberse notificado el requerimiento.
La respuesta del Tribunal Supremo no deja lugar a dudas: la inadmisión del recurso en las circunstancias descritas infringe el principio antiformalista y los principios de buena fe y confianza legitima que rigen en la tramitación de los procedimientos administrativos, en la medida que se sustenta en una aplicación exorbitante del artículo 68.4 de la Ley 39/2015.
En efecto, el Tribunal Supremo afirma que
el artículo 68.4 de la Ley 39/2015 regula un trámite procedimental de subsanación especifico respecto de las solicitudes que se hubieren presentado ante la Administración de forma presencial, que resulta estrictamente aplicable a los procedimientos iniciados a solicitud del interesado y no a los procedimientos iniciados de oficio por la Administración, ni a los procedimientos de revisión de los actos administrativos.
La subsanación no puede comportar para el interesado que cumple en tiempo y forma el requerimiento efectuado por la Administración unas consecuencias jurídicas lesivas del derecho a la protección jurídica, que constituye uno de los postulados nucleares de la configuración del Estado social y democrático de Derecho, en contravención del deber de buena administración, a falta de una previsión normativa con rango que regule de forma específica las consecuencias que con carácter general origine el incumplimiento de la obligación de relacionarse con la Administración a través de medios electrónicos, a los efectos de determinar la fecha en que debe considerarse presentado el recurso administrativo.
Concluye el Tribunal Supremo formando la siguiente doctrina jurisprudencial:
El
apartado 4 del artículo 68 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que dispone que si
alguno de los sujetos a los que hace referencia el artículo 14.2 y 14.3
presenta su solicitud presencialmente, las Administraciones Públicas requerirán
al interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica, y
que a estos efectos, se considerará como fecha de presentación de la solicitud
aquella en la que haya sido realizada la subsanación, resulta aplicable a la
fase inicial de los procedimientos administrativos iniciados a instancia del
interesado.
