El Tribunal Constitucional mediante la
sentencia de 19
de octubre de 2026 ha resuelto el recurso de amparo 130/2025 contra varias
resoluciones judiciales que habían inadmitido, por extemporáneo, un recurso
contencioso-administrativo. La cuestión que se plantea en el recurso es
determinar desde qué momento debe computarse el plazo para recurrir
judicialmente un acto administrativo cuando este ha sido objeto de una
posterior rectificación de errores que modifica la indicación de los recursos
procedentes, todo ello desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial
efectiva, reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución en su vertiente de
acceso a la jurisdicción.
Los hechos a los que se contrae la
demanda de amparo comienzan por la aprobación y publicación por un Ayuntamiento
de una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. Posteriormente, el
Ayuntamiento aprobó dos acuerdos de rectificación: el primero, en que se
corrigió, entre otras cuestiones, la indicación de los recursos que podían
interponerse contra el acuerdo inicial, con la incorporación de forma expresa
de la posibilidad de presentar recurso potestativo de reposición en el plazo de
un mes, además del recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses;
y el segundo, con el que se corrigieron otros errores materiales que no
afectaban al régimen de recursos.
En los sucesivos recursos presentados,
la accionante alegó que se había vulnerado su derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva, argumentando que el plazo de dos meses para interponer el
recurso contencioso-administrativo debía computarse desde la publicación de la primera
rectificación de errores porque esta había sustituido íntegramente la
regulación inicial relativa al régimen de recursos, por lo que el recurso contencioso
administrativo debía considerarse interpuesto dentro de plazo.
La pretensión fue rechazada en primera
y segunda instancia e incluso por el Tribunal Supremo en el correspondiente
recurso de casación, en el que se argumenta que
el cómputo
del plazo para la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra
un acto administrativo que, una vez publicado en el correspondiente boletín
oficial, es objeto de rectificación de errores, comienza desde la fecha de la
publicación de la rectificación de errores, ya que el acto aclarado y el
aclaratorio se integran formando una unidad lógico-jurídica que no puede ser
impugnada sino en su conjunto a través de los recursos que, en su caso,
pudieran interponerse contra la resolución aclarada.
Pero, y aquí está la clave, se dice a
continuación que
Este
principio general solo resulta de aplicación en el caso de que la rectificación
tenga incidencia en los derechos de los interesados que integran las
pretensiones ejercitadas, pero no en el caso contrario.
Que en este caso, dice el Tribunal
Supremo, no se planteó por la recurrente.
La cuestión que se suscita en el
recurso de amparo que comentamos es si puede considerarse eficaz, a efectos del
cómputo del plazo de impugnación, la publicación inicial de un acto
administrativo cuando posteriormente la Administración sustituye íntegramente
la indicación de los recursos procedentes mediante una rectificación de
errores.
Para resolver el recurso, lo primero
que advierte el Tribunal Constitucional es que
El control
del cómputo de los plazos sustantivos y procesales es una cuestión de estricta legalidad
ordinaria, cuya interpretación compete a los órganos judiciales y sólo alcanza
relevancia constitucional cuando afecte al art. 24.1 CE por haberse realizado
de manera manifiestamente errónea, sin razonamiento alguno o con un
razonamiento arbitrario o irrazonable y, además, en la medida en que supone
cerrar la posibilidad de obtener una primera resolución judicial sobre el fondo,
también adquiere relevancia constitucional cuando sea el resultado de una
interpretación y aplicación legal que, por su rigorismo, formalismo excesivo o
desproporción entre los fines que preservan y la consecuencia de cierre del
proceso, se conviertan en un obstáculo injustificado para resolver sobre la
pretensión deducida.
En materia de notificaciones, el
Tribunal Constitucional ha declarado que, al establecer el dies a quo
para el cómputo del plazo, hay que tener en cuenta la existencia de una
normativa expresa que califique la notificación del acto a impugnar como
defectuosa,
habida
cuenta de que no puede calificarse de razonable una interpretación que prime
los defectos en la actuación de la Administración, colocándola en mejor
situación que si hubiera cumplido su deber de notificar con todos los requisitos
legales y perjudicando paralelamente al particular afectado por el acto
administrativo, que no quedó ilustrado de la vía a seguir frente a una
resolución que estimaba gravosa como consecuencia de la falta de diligencia o
del error de la Administración al realizar una notificación insuficiente sin
cumplir los estrictos requisitos que la normativa vigente establece al efecto
(así, SSTC 158/2000, de 12 de junio, FJ 6; 179/2003, de 13 de octubre, FJ 4; o
112/2019, de 3 de octubre, FJ 4).
El Tribunal Constitucional somete a
crítica el criterio aplicado por el Tribunal Supremo en la sentencia de
casación diciendo que aunque este reconoce que la correcta indicación del
régimen de recursos es esencial para la eficacia de la publicación de un acto
administrativo, trata la rectificación de esa indicación como si fuera un
contenido sustantivo más del acto administrativo, exigiendo que el interesado
demuestre que dicha modificación afecta específicamente a sus derechos
materiales. Para el Tribunal Constitucional, este razonamiento resulta
excesivamente formalista:
En última
instancia, si, conforme se sostiene en la resolución impugnada, la indicación
del régimen de impugnación administrativo y judicial de un acto administrativo
es un elemento esencial para que su publicación surta efectos (art. 45.2, en
relación con el art. 40.2 LPACAP), no guarda la debida coherencia y proporcionalidad
con ese carácter esencial el considerar que la rectificación de su régimen impugnatorio
deba quedar sometida a la valoración y apreciación judicial de que tiene
incidencia en alguno de los singulares derechos del interesado que pretenda la
impugnación de acto, cuando, por su propia naturaleza, la correcta indicación
del régimen impugnatorio es presupuesto para que la publicación de acto surta
efectos respecto de la globalidad de su contenido. (…) En definitiva, resulta
en exceso formalista que, en los casos de rectificación de un acto administrativo,
la necesidad de alegar y acreditar que el contenido rectificado afecta a un
singular derecho del interesado para deferir el plazo de su impugnación al
momento de la publicación de la corrección se aplique a los supuestos en que
dicha rectificación afecta a un requisito esencial condicional de la plenitud
de efectos de la publicación del acto administrativo, como es la indicación de
su régimen de impugnación administrativo y judicial.
La indicación correcta del régimen de
recursos tiene una finalidad propia y autónoma: permitir que los interesados
conozcan adecuadamente cómo pueden impugnar el acto administrativo. Por tanto,
cuando la rectificación afecta a la propia indicación del régimen de recursos,
no cabe exigir que el interesado acredite adicionalmente que esa rectificación
ha afectado a alguno de sus derechos materiales para que pueda tomarse en
consideración a efectos del cómputo del plazo.
La doctrina que resulta de lo expuesto
es que la rectificación de la indicación del régimen de recursos de un acto
administrativo debe tenerse en cuenta para determinar el inicio del plazo de
impugnación, sin exigir que dicha rectificación afecte específicamente a los
derechos materiales de la persona interesada.