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sábado, 21 de noviembre de 2026

Dies a quo para la impugnación de un acto administrativo cuando este ha sido objeto de rectificación de errores

 

El Tribunal Constitucional mediante la sentencia de 19 de octubre de 2026 ha resuelto el recurso de amparo 130/2025 contra varias resoluciones judiciales que habían inadmitido, por extemporáneo, un recurso contencioso-administrativo. La cuestión que se plantea en el recurso es determinar desde qué momento debe computarse el plazo para recurrir judicialmente un acto administrativo cuando este ha sido objeto de una posterior rectificación de errores que modifica la indicación de los recursos procedentes, todo ello desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 24.1 de la Constitución en su vertiente de acceso a la jurisdicción.

Los hechos a los que se contrae la demanda de amparo comienzan por la aprobación y publicación por un Ayuntamiento de una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo. Posteriormente, el Ayuntamiento aprobó dos acuerdos de rectificación: el primero, en que se corrigió, entre otras cuestiones, la indicación de los recursos que podían interponerse contra el acuerdo inicial, con la incorporación de forma expresa de la posibilidad de presentar recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes, además del recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses; y el segundo, con el que se corrigieron otros errores materiales que no afectaban al régimen de recursos.

En los sucesivos recursos presentados, la accionante alegó que se había vulnerado su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, argumentando que el plazo de dos meses para interponer el recurso contencioso-administrativo debía computarse desde la publicación de la primera rectificación de errores porque esta había sustituido íntegramente la regulación inicial relativa al régimen de recursos, por lo que el recurso contencioso administrativo debía considerarse interpuesto dentro de plazo.

La pretensión fue rechazada en primera y segunda instancia e incluso por el Tribunal Supremo en el correspondiente recurso de casación, en el que se argumenta que

el cómputo del plazo para la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra un acto administrativo que, una vez publicado en el correspondiente boletín oficial, es objeto de rectificación de errores, comienza desde la fecha de la publicación de la rectificación de errores, ya que el acto aclarado y el aclaratorio se integran formando una unidad lógico-jurídica que no puede ser impugnada sino en su conjunto a través de los recursos que, en su caso, pudieran interponerse contra la resolución aclarada.

Pero, y aquí está la clave, se dice a continuación que

Este principio general solo resulta de aplicación en el caso de que la rectificación tenga incidencia en los derechos de los interesados que integran las pretensiones ejercitadas, pero no en el caso contrario.

Que en este caso, dice el Tribunal Supremo, no se planteó por la recurrente.

La cuestión que se suscita en el recurso de amparo que comentamos es si puede considerarse eficaz, a efectos del cómputo del plazo de impugnación, la publicación inicial de un acto administrativo cuando posteriormente la Administración sustituye íntegramente la indicación de los recursos procedentes mediante una rectificación de errores.

Para resolver el recurso, lo primero que advierte el Tribunal Constitucional es que

El control del cómputo de los plazos sustantivos y procesales es una cuestión de estricta legalidad ordinaria, cuya interpretación compete a los órganos judiciales y sólo alcanza relevancia constitucional cuando afecte al art. 24.1 CE por haberse realizado de manera manifiestamente errónea, sin razonamiento alguno o con un razonamiento arbitrario o irrazonable y, además, en la medida en que supone cerrar la posibilidad de obtener una primera resolución judicial sobre el fondo, también adquiere relevancia constitucional cuando sea el resultado de una interpretación y aplicación legal que, por su rigorismo, formalismo excesivo o desproporción entre los fines que preservan y la consecuencia de cierre del proceso, se conviertan en un obstáculo injustificado para resolver sobre la pretensión deducida.

En materia de notificaciones, el Tribunal Constitucional ha declarado que, al establecer el dies a quo para el cómputo del plazo, hay que tener en cuenta la existencia de una normativa expresa que califique la notificación del acto a impugnar como defectuosa,

habida cuenta de que no puede calificarse de razonable una interpretación que prime los defectos en la actuación de la Administración, colocándola en mejor situación que si hubiera cumplido su deber de notificar con todos los requisitos legales y perjudicando paralelamente al particular afectado por el acto administrativo, que no quedó ilustrado de la vía a seguir frente a una resolución que estimaba gravosa como consecuencia de la falta de diligencia o del error de la Administración al realizar una notificación insuficiente sin cumplir los estrictos requisitos que la normativa vigente establece al efecto (así, SSTC 158/2000, de 12 de junio, FJ 6; 179/2003, de 13 de octubre, FJ 4; o 112/2019, de 3 de octubre, FJ 4).

El Tribunal Constitucional somete a crítica el criterio aplicado por el Tribunal Supremo en la sentencia de casación diciendo que aunque este reconoce que la correcta indicación del régimen de recursos es esencial para la eficacia de la publicación de un acto administrativo, trata la rectificación de esa indicación como si fuera un contenido sustantivo más del acto administrativo, exigiendo que el interesado demuestre que dicha modificación afecta específicamente a sus derechos materiales. Para el Tribunal Constitucional, este razonamiento resulta excesivamente formalista:

En última instancia, si, conforme se sostiene en la resolución impugnada, la indicación del régimen de impugnación administrativo y judicial de un acto administrativo es un elemento esencial para que su publicación surta efectos (art. 45.2, en relación con el art. 40.2 LPACAP), no guarda la debida coherencia y proporcionalidad con ese carácter esencial el considerar que la rectificación de su régimen impugnatorio deba quedar sometida a la valoración y apreciación judicial de que tiene incidencia en alguno de los singulares derechos del interesado que pretenda la impugnación de acto, cuando, por su propia naturaleza, la correcta indicación del régimen impugnatorio es presupuesto para que la publicación de acto surta efectos respecto de la globalidad de su contenido. (…) En definitiva, resulta en exceso formalista que, en los casos de rectificación de un acto administrativo, la necesidad de alegar y acreditar que el contenido rectificado afecta a un singular derecho del interesado para deferir el plazo de su impugnación al momento de la publicación de la corrección se aplique a los supuestos en que dicha rectificación afecta a un requisito esencial condicional de la plenitud de efectos de la publicación del acto administrativo, como es la indicación de su régimen de impugnación administrativo y judicial.

La indicación correcta del régimen de recursos tiene una finalidad propia y autónoma: permitir que los interesados conozcan adecuadamente cómo pueden impugnar el acto administrativo. Por tanto, cuando la rectificación afecta a la propia indicación del régimen de recursos, no cabe exigir que el interesado acredite adicionalmente que esa rectificación ha afectado a alguno de sus derechos materiales para que pueda tomarse en consideración a efectos del cómputo del plazo.

La doctrina que resulta de lo expuesto es que la rectificación de la indicación del régimen de recursos de un acto administrativo debe tenerse en cuenta para determinar el inicio del plazo de impugnación, sin exigir que dicha rectificación afecte específicamente a los derechos materiales de la persona interesada.


sábado, 24 de octubre de 2026

¿En qué fecha ha de considerarse presentado un recurso administrativo remitido a través de Correos mediante correo certificado en sobre cerrado?

 

En la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2026 se resuelve si, a efectos de determinar la fecha de presentación de un recurso administrativo, puede considerarse válida la fecha de depósito en Correos cuando el escrito se remitió por correo certificado en sobre cerrado, incumpliendo las formalidades previstas en el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, que establece que

Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos o entidades dirijan a los órganos de las Administraciones públicas, a través del operador al que se le ha encomendado la prestación del servicio postal universal, se presentarán en sobre abierto, con objeto de que en la cabecera de la primera hoja del documento que se quiera enviar, se hagan constar, con claridad, el nombre de la oficina y la fecha, el lugar, la hora y minuto de su admisión (…).

Los hechos analizados parten de la interposición por una persona interesada de un recurso de reposición que fue depositado en Correos mediante correo certificado pero en sobre cerrado, y que entró en el registro administrativo del órgano destinatario un día después de finalizar el plazo para su interposición. En el envío constaba el nombre del remitente y el órgano administrativo destinatario con la fecha de presentación y la hora. 

Tanto en vía administrativa como en la posterior contenciosa administrativa se consideró que el recurso era extemporáneo al no haberse cumplido las formalidades del artículo 31 del citado Real Decreto 1829/1999.

En el auto de admisión del recurso de casación el Tribunal Supremo acordó que la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia consiste en

determinar si vulnera el principio pro actione, en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva, negar efectos a la fecha de entrega en correos de un escrito o documento enviado en sobre certificado cerrado.

Para dar respuesta a la cuestión planteada, el Tribunal Supremo recuerda que

El acercamiento de la Administración a los ciudadanos, habilitando nuevas formas de dirigirse y relacionarse con ella, no solo se plasma en nuestra ley de procedimiento administrativo en la articulación de mecanismos para el acceso electrónico a los servicios públicos, sino también estableciendo otros medios que el acceso fácil y cómodo de los ciudadanos, entre los que se encuentre es la posibilidad de presentar escritos no solo en el registro del órgano  administrativo sino también en las oficinas de correos.

Y menciona también que, frente a la aplicación literal y estricta de lo previsto en el artículo 31 del Reglamento de servicios postales, existe una consolidada jurisprudencia antiformalista que impide que los defectos meramente formales priven injustificadamente al ciudadano de su derecho de acceso a los recursos. Esta jurisprudencia

se traduce en la imposición de unos requisitos mínimos para las actuaciones de los interesados, así como la admisión generalizada de la subsanación de efectos o errores cometidos. Esta jurisprudencia responde a la concepción de que las exigencias formales solo pueden impedir el acceso a los recursos cuando son esenciales para alcanzar el fin que se persigue. Con base en esta jurisprudencia se admite la presentación de solicitudes de escritos o documentos en las oficinas de correos, pues lo relevante es la fecha que aparece como remitida la carta si se acredita que en la misma se contenía el documento al que se pretende. (…)

Así, la STS de 9 de febrero de 1998 y la STS de 9 de octubre de 1.998 [sic], afirmaban que es fecha valida de la interposición de un recurso administrativo su presentación en una oficina de correos para un envío certificado, aunque sea en sobre cerrado, a no ser que se demuestre que al organismo a que va dirigido es distinto de aquel que se dice entregado para su certificación y ello con la finalidad de aplicar a los preceptos administrativos la interpretación antiformalista que caracteriza a esta jurisdicción contencioso-administrativa. En esta jurisprudencia no se buscaba desvirtuar el rigor formal sino de cumplir con el espíritu de esta previsión a los efectos de demostrar la fecha en que se presentó la reclamación, en aquellos casos en los que la Administración no niega la recepción del documento y este figura en el expediente administrativo, entendiendo que el que no se diera cumplimiento al sellado del mismo por la oficina de correos no invalida ni la existencia del escrito ni la remisión dentro del término.

En síntesis, la presentación en Correos mediante sobre cerrado puede ser válida cuando existen elementos suficientes para acreditar la fecha cierta del envío, la identidad del remitente, la identificación del órgano destinatario y la correspondencia razonable entre el envío y el documento finalmente recibido por la Administración.

Concluye el Tribunal Supremo señalando que

en tales circunstancias, corresponde a la Administración la prueba de que el contenido del sobre remitido es distinto de aquel que fue entregado en las dependencias de correos para su certificación, o cuando menos que existen elementos de prueba que permitan dudar sobre el verdadero contenido remitido por haberse presentado en esas fechas y por esta vía otros escritos por el mismo remitente dirigidos a la misma dependencia administrativa.

Por lo que en respuesta a la cuestión de interés casacional planteada consistente en determinar si, a los efectos de establecer la fecha de presentación de un recurso administrativo, deben negarse efectos a la fecha de entrega en correos de un escrito enviado en sobre certificado cerrado, se establece que

Ha de tomarse como fecha válida de presentación de un recurso administrativo la fecha en que el escrito se envía por correo postal certificado, aunque se presentase en la oficina de correos en sobre cerrado, siempre que en el certificado emitido por el servicio postal conste la fecha de presentación, el nombre del remitente (y este coincida con el recurrente o su representante), se especifique el órgano administrativo destinatario y no existan otros elementos de prueba que permitan albergar una duda razonable sobre la recepción del escrito por el órgano administrativo o que permita dudar sobre cuál era el verdadero contenido que llegó a las dependencias administrativas.


sábado, 26 de septiembre de 2026

¿Es impugnable la suspensión automática del acto impugnado producida por aplicación del artículo 117.3 de la Ley 39/2015?

 

Examinamos a continuación el pronunciamiento del Tribunal Supremo contenido en el auto de 23 de julio de 2026 relativo a la impugnación de la suspensión de un acto producida por silencio administrativo. 

El supuesto analizado parte del otorgamiento a una empresa de las autorizaciones administrativas necesarias para la construcción del parque eólico, que fueron impugnadas mediante los correspondientes recursos administrativos con la solicitud de su suspensión cautelar. Al no resolverse expresamente esa solicitud de suspensión en el plazo de un mes, operó automáticamente el mecanismo previsto en el artículo 117.3 de la Ley 39/2015, y se produjo la suspensión de la eficacia de las autorizaciones por silencio administrativo positivo.

Como es sabido, el artículo 117.3 de la Ley 39/2015 establece, en la parte que aquí interesa, que

La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano a quien competa resolver el recurso no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. (…)

En el recurso contencioso administrativo subsiguiente, el abogado del Estado se opuso invocando la extemporaneidad del recurso y, lo que es más interesante, la falta de actividad administrativa impugnable, porque la suspensión se habría producido directamente por ministerio de la ley y no mediante un acto administrativo.

El Tribunal rechaza esta causa de inadmisión. Considera que la suspensión producida por aplicación del artículo 117.3 de la Ley 39/2015 constituye un auténtico acto administrativo presunto, ya que el artículo 24.2 de la misma ley atribuye a la estimación por silencio administrativo la consideración de acto administrativo:

El hecho de que la suspensión se acuerde en aplicación de una previsión legal no significa que no existía una actividad impugnable. La aplicación de la previsión contenida en el art. 117.3 de la LPAC genera un acto, así lo dispone el art. 24.2 de la Ley 39/2015 dispone que «la estimación por silencio administrativo tiene a todos los efectos la consideración de acto administrativo finalizador del procedimiento». Este acto tiene como contenido la suspensión automática de unas autorizaciones previamente concedidas, generando consecuencias jurídicas positivas (para los peticionarios de la suspensión) y negativas (para los beneficiarios de las autorizaciones administrativas que ven suspendidas la ejecutividad de sus autorizaciones).

Puesto que la suspensión genera efectos jurídicos reales sobre los interesados, debe poder ser sometida a control judicial para evitar situaciones de indefensión, por lo que este tipo de suspensión cautelar automática es susceptible de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Dice el Tribunal Supremo que

Lo contrario implicaría situar a la parte a la que afecta de forma negativa esta suspensión en una situación de absoluta indefensión.

La posibilidad de impugnar los actos generados por silencio en aplicación de una ley es una garantía para los administrativos para poder defenderse de una consecuencia jurídica que le es perjudicial con el fin de evitar que la aplicación automática de una previsión legal genere perjuicios que se prolonguen en el tiempo y frente a la que carece de mecanismos de defensa.

La conclusión de lo expuesto es que la suspensión automática derivada del artículo 117.3 de la Ley 39/2015 constituye un acto administrativo presunto impugnable en vía contencioso-administrativa.

 

sábado, 29 de agosto de 2026

De nuevo sobre la imposición mediante reglamento de la obligación a determinados colectivos de relacionarse electrónicamente con la Administración

 

En un post anterior vimos cómo el Tribunal Supremo dejaba sin efecto una Orden emanada del Ministerio de Hacienda que establecía la exigencia para todos los sujetos de que la declaración del IRPF fuera presentada con carácter obligatorio por medios electrónicos por ser contraria a la legislación sobre procedimiento administrativo común que demanda que se justifique dicha obligación en atención a razones de capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos, que constituye una excepción al derecho de los ciudadanos a optar por la forma electrónica para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones con las garantías y requisitos previstos en cada procedimiento.

La sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 2026 vuelve sobre la misma cuestión al analizar, entre otros aspectos, la legalidad del artículo 197.2 del Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que imponía a determinadas personas extranjeras la obligación de presentar exclusivamente por medios electrónicos diversas solicitudes de residencia y Trabajo, en los términos siguientes:

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tendrán obligación de relacionarse a través de los medios electrónicos habilitados las personas físicas que presenten alguno de los tipos de solicitud siguientes:

a) Solicitudes de prórroga de autorizaciones de estancia por estudios, movilidad de alumnos, servicios de voluntariado o actividades formativas.

b) Solicitudes de renovación de autorizaciones de residencia temporal no lucrativa.

c) Solicitudes de autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena.

d) Solicitudes de renovación de autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta propia.

e) Solicitudes de renovación de autorizaciones de residencia temporal y excepción de trabajo.

f) Solicitudes de autorización inicial de residencia y trabajo para actividades de temporada.

g) Solicitudes de autorización inicial de residencia y trabajo relativas a la gestión colectiva en origen.

La Sala considera, en primer lugar, que la habilitación para imponer esa obligación, contrariamente a lo que alega la Abogacía del Estado, no puede encontrarse en la Disposición Adicional Tercera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, ya que esta norma únicamente permite excepciones a la presentación personal, pero no la imposición de la vía electrónica como canal exclusivo, indicando que

La habilitación para sustituir el requisito de presentación personal es distinta de la habilitación para imponer la exclusividad del canal electrónico: la primera amplía las posibilidades del ciudadano, la segunda las restringe.

Por ello, concluye que la única habilitación posible es la prevista en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, norma que exige justificar que los afectados disponen realmente de acceso a los medios electrónicos:

Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.

El Tribunal Supremo considera que esa justificación no existe, señalando que

Ni la exposición de motivos del Real Decreto 1155/2024 ni el articulado del artículo 197.2 contienen justificación alguna de las razones por las que los colectivos enumerados (...) se consideran dotados del acceso y disponibilidad de medios electrónicos. (…) La justificación ex post proporcionada en sede procesal no equivale a la acreditación previa que la norma habilitante impone al momento de dictar la disposición reglamentaria».

Además, la Sala considera que la medida vulnera el principio de proporcionalidad, porque no se acredita que la imposición exclusiva del canal electrónico sea necesaria para alcanzar los objetivos de eficiencia administrativa., señalando que

La norma no analiza si existen medidas alternativas menos restrictivas que alcancen el mismo objetivo de eficiencia, por ejemplo, prever la vía electrónica como preferente pero no exclusiva.

Y también advierte del riesgo de discriminación indirecta para determinados colectivos de extranjeros con escasa capacitación digital indicando que

La obligación de relación electrónica exclusiva (...) impuesta sin verificación previa de las capacidades digitales de los destinatarios (...) puede producir ese efecto de exclusión indirecta.

Por todo ello, la sentencia estima la impugnación y declara la nulidad del del artículo 197.2 del Real Decreto 1155/2024. La sentencia aclara, sin embargo, que la Administración podría establecer en el futuro la obligatoriedad de la tramitación electrónica para determinados procedimientos de extranjería, siempre que motive adecuadamente la medida y respete las exigencias de justificación y proporcionalidad previstas en la Ley 39/2015.

sábado, 1 de agosto de 2026

Cómputo de plazos para entender rechazada la puesta a disposición de una notificación electrónica

 

En un post anterior nos planteábamos cómo ha de interpretarse la dimensión temporal de la regla para la práctica de la notificación por medios electrónicos que establece el párrafo segundo del art. 43.2 de la Ley 39/2015:

Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

La duda que suscita el precepto es cuándo ha de entenderse producido el rechazo de la notificación, con el efecto que se establece en el apartado 5 del art. 41 de la Ley 39/2015:

Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.

El auto del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 2023 consideró que tenía relevancia casacional aclarar

cómo debe computarse el plazo de diez días naturales previsto en el segundo párrafo del artículo 43.2 de la Ley 39/2015 y, en particular, determinar cuándo debe entenderse notificada una resolución administrativa cuya notificación ha sido rechazada por no haberse accedido a su contenido en el plazo fijado en el citado precepto.

La respuesta a la cuestión de interés casacional ha sido dada con la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2026. No vamos a entrar en la interpretación que hace el Tribunal Supremo del presupuesto de hecho que motiva la cuestión de interés casacional, en la que se observa algún desajuste porque la cuestión planteada se dirige a la determinación del dies ad quem (es decir, al de la finalización del plazo) pero el Tribunal Supremo resuelve argumentando sobre el dies a quo (es decir, el del inicio del cómputo del plazo) que está correctamente resuelto por la sentencia de instancia.

En suma, la conclusión del Tribunal Supremo es que

(…) la notificación se entiende practicada en el momento en que se entiende rechazada, lo que acontece -según el tenor literal de lo dispuesto en el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas- una vez que han transcurrido diez días naturales computados desde el día siguiente a la puesta a disposición (es decir, el 25 de octubre de 2019), por lo que debe computarse como dies a quo el 4 de noviembre de 2019, de modo que para el cómputo del plazo para interponer el recurso de reposición cabe tener en cuenta el día siguiente de la fecha de la notificación (5 de noviembre) (…).

Esta conclusión no parece trasladarse íntegramente a la respuesta a la cuestión de relevancia constitucional, en la que se dice que

el cómputo del plazo de diez días naturales, al que alude dicha disposición para entender rechazada la notificación, debe iniciarse a partir del día siguiente en que el acto administrativo se puso a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u Organismo público actuante, o en la dirección electrónica habilitada a tal efecto, debiendo entenderse practicada la notificación en el momento en que es rechazada, tomando en consideración, como dies a quo, a los efectos de interponer recurso de reposición, el día siguiente de la notificación.

Resumiendo a partir de lo que señala el Tribunal Supremo en los fundamentos jurídicos de la sentencia, hemos de entender que si la puesta a disposición de la notificación se produce el 6 de julio de 2026, el plazo de 10 días naturales para acceder se inicia al día siguiente, el 7 de julio (dies a quo), y finaliza sin que se haya producido el acceso y, por tanto, se produce el rechazo cuando acaba el décimo día natural posterior, en este caso el 16 de julio (dies ad quem), de modo que el plazo para recurrir se inicia al día siguiente, 17 de julio.

 


sábado, 4 de julio de 2026

Sobre los datos que han de constar en la documentación acreditativa del intento de notificación

 

En la sentencia de 2 de mayo de 2026, el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el contenido mínimo de los intentos de notificación para que puedan considerarse acreditados a los efectos previstos a los apartados 3 y 4 del artículo 40 de la Ley 39/2015:

3. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación, o interponga cualquier recurso que proceda.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de notificación debidamente acreditado.

Es relevante también a este respecto lo que establece el tercer párrafo del artículo 41.1, que establece que

Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.

El supuesto de hecho examinado se refiere a un procedimiento sancionador en que la parte sancionada invoca la caducidad del procedimiento porque en el expediente consta como acreditación del intento de notificación de la resolución un aviso de Correos en el que solo consta la referencia NUM001, pero queda en blanco el espacio destinado a acto notificado, por lo que, en su opinión, no puede saberse si el acto que se pretendía notificar con ese aviso de Correos fue realmente la resolución sancionadora u otro acto administrativo.

Como antecedentes para el examen de la cuestión, el Tribunal Supremo cita varias sentencias anteriores, de las que es especialmente interesante la de 19 de septiembre de 2022, en la que se dijo que

la práctica de la notificación del acto administrativo relativo a la advertencia de la caducidad del procedimiento en el procedimiento, iniciado por la interesada sobre la situación de dependencia, exigía que, además de practicarse la notificación por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado, también consignara la fecha, identidad y el contenido del acto notificado, mediante la correspondiente alusión o referencia específica al contenido esencial del mentado acto.

De lo dicho por la referida sentencia el Tribunal Supremo destaca los siguientes aspectos:

i)  que la interesada había negado la recepción de la notificación,

ii)  el acuse de recibo solo contenía el número de expediente administrativo y no reflejaba fecha, ni identidad ni contenido del acto que se pretendía notificar y,

iii)   el acto que se había de notificar constituía un aviso de caducidad que intimaba a la interesada a actuar en el procedimiento para evitar el archivo por caducidad.

Indica el Tribunal Supremo que

la sentencia mencionada no exige que el intento de notificación contenga el texto íntegro de la resolución a notificar, pero sí que haga una alusión significativa e identificativa del acto.

También resulta relevante lo dicho por aquella sentencia, en aplicación al caso concreto, pues descartó que la referencia al número de expediente - que obraba en el acuse de recibo - pudiera equipararse a la exigencia legal de la constancia del contenido del acto.

En la respuesta a la cuestión de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, el Tribunal Supremo confirma la doctrina expuesta y resuelve que sentido:

A los efectos de tener por debidamente acreditado el intento de notificación de las resoluciones administrativas dictadas en el marco de un procedimiento iniciado de oficio, -como es un procedimiento sancionador en materia de extranjería-, resulta exigible que la documentación acreditativa del intento de notificación refleje, además de la identificación del expediente, la fecha, la identidad y contenido del acto que se intenta notificar, mediante la correspondiente alusión o referencia específica a su contenido esencial.


sábado, 6 de junio de 2026

No es recurrible una comunicación de las previstas en el artículo 69 de la Ley 39/2015

 

En un post anterior nos preguntábamos si es recurrible una comunicación de las previstas en el artículo 69 de la Ley 39/2015, haciéndonos eco de la cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia enunciada por el Tribunal Supremo en el auto de 17 de julio de 2024 de la forma siguiente:

Determinar si la comunicación -previa- de inicio de actividad constituye un acto administrativo y, por tanto, cabe la interposición de recurso en vía administrativa y contencioso-administrativa contra la misma.

Mediante la sentencia de 20 de abril de 2026 el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre la cuestión con una extensa referencia a los antecedentes normativos y a su propia doctrina.

Recuerda el Tribunal Supremo que la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, referente a los servicios en el mercado interior (Directiva de Servicios o Directiva Bolkenstein), tenía por objeto facilitar la libre prestación de servicios en el ámbito de la Unión Europea, a cuyo efecto pretende, entre otras medidas, la reducción al máximo de la autorización administrativa como técnica de control previa el ejercicio de derechos, directiva que fue transpuesta a nuestro ordenamiento interno en primer término, por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que adaptó a lo dispuesto en la Ley 17/2009 diversas leyes, y entre ellas la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, añadiendo un nuevo artículo 39 bis referido a los Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad y un nuevo artículo 71 bis relativo a la Declaración responsable y comunicación previa. Actualmente, la Ley 39/2015, dedica su artículo 69 a la Declaración responsable y comunicación.

De acuerdo con este último precepto nos dice el Tribunal Supremo que

(…) tras la implantación normativa del nuevo régimen liberalizador del acceso y ejercicio de las actividades de servicios, (…) el inicio de la actividad se condiciona a una manifestación del sujeto que desea ejercer aquélla, comunicando a la Administración que cumple los requisitos exigidos legalmente para ello; y la Administración efectúa un control a posteriori para verificar que, efectivamente, se cumplen aquellos requisitos. Se trata, por tanto, de actos del interesado, pero no son solicitudes, de manera que la Administración está exonerada de la obligación de resolver, y ello a pesar de la ubicación sistemática de este precepto en la Sección dedicada al inicio del procedimiento a solicitud del interesado. La comunicación previa y la declaración responsable evitan la tramitación de un procedimiento administrativo, residenciándose la intervención administrativa en un control posterior. Son, por tanto, actos jurídicos de carácter privado, que habilitan para el ejercicio de un derecho o actividad, con eficacia propia, externa y jurídico-pública, sin precisar de ulterior confirmación administrativa.

La consecuencia del cambio de planteamiento normativo respecto de la situación anterior es clara: ahora no existe, propiamente, un procedimiento autorizatorio que, iniciado con una solicitud del sujeto, deba concluir con una resolución administrativa "otorgando permiso" a aquél para realizar la actividad pretendida.

Como respuesta a la cuestión de interés casacional, el Tribunal Supremo destaca las diferencias entre las comunicaciones previas y las declaraciones responsables de los actos administrativos autorizatorios de actividad, señalando que aquellas

No son actos administrativos, pues a través de ellos no se expresa ninguna voluntad de la Administración, ni positiva ni negativa, en cuanto al ejercicio de la actividad que se declara o comunica, ni tampoco puede presumirse dicha voluntad. Tampoco el despliegue de efectos consistente en la realización de la actividad declarada o comunicada se puede considerar amparado por una decisión administrativa. La posición de la Administración es de mera receptora del escrito correspondiente, sin que esa recepción suponga autorización implícita.

Tampoco la presentación de esos escritos se puede considerar como actos de inicio de un procedimiento administrativo, puesto que su eficacia, en cuanto al desarrollo de la actividad, se despliega desde el mismo momento de la presentación, sin que sea necesaria la realización de ninguna actividad adicional. En realidad, la presentación de estos escritos ni siquiera se puede considerar un procedimiento, entendido como una concatenación de actos conducentes a un resultado (…) Y al no tener la Administración la obligación de resolver puesto que no hay ninguna solicitud no opera el instituto del silencio administrativo.

Si la comunicación previa y la declaración responsable no son actos administrativos, ni expresan voluntad alguna de la Administración, es claro que no se puede interponer frente a ellos recurso alguno, ni administrativo ni jurisdiccional, sin perjuicio, claro está, de que si la Administración, en el ejercicio de sus potestades de comprobación, control e inspección, dicta determinados actos estos si tendrán la naturaleza de actos administrativos y ,en consecuencia, si se dan los requisitos para ello, podrá ser objeto de impugnación.

Concluye el Tribunal Supremo descartando que por el hecho de que esta actividad sea inimpugnable se produzca indefensión de los terceros afectados por la actividad cuyo desarrollo ha sido comunicado previamente o declarado responsablemente, porque siempre se podrá acudir a la Administración para que ejerza sus potestades de control, comprobación o inspección, y, en el caso de que ésta se mantenga inactiva ante tales peticiones, siempre se podrá reaccionar frente a su silencio, que en este caso sí puede constituir un acto administrativo presunto.

Este argumento final sirve para dar respuesta en sentido negativo a la pregunta planteada inicialmente de si es recurrible una comunicación de las previstas en el artículo 69 de la Ley 39/2015: como tal acto de la persona interesada es inimpugnable en vía administrativa y en vía contenciosa administrativa, lo que no obsta para que pueda revisarse en las vías indicadas la actuación o, en su caso, la inactividad de la Administración cuando sea llamada a ejercer sus potestades de control.